Abogados especialistas en concurso de acreedores

Dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer que la empresa ya no puede pagar con regularidad lo que vence. Ese «debió conocer» hace que el plazo corra aunque nadie le haya avisado.

La actual es no poder pagar ya. La inminente, prever que no se podrá en los tres meses siguientes. La probabilidad de insolvencia es verlo venir con dos años de margen. Solo la actual obliga a solicitar el concurso; las otras dos permiten actuar antes y con más opciones.

Que se presuma, salvo prueba en contrario, que hubo dolo o culpa grave y el concurso se califique como culpable. Eso puede traer inhabilitación, la pérdida de los créditos que tenga contra la empresa y, en su caso, la condena a cubrir el déficit con su patrimonio.

Hoy se llama comunicación de apertura de negociaciones: se comunica al juzgado que se está negociando un plan de reestructuración con los acreedores. Da tres meses de protección frente a determinadas ejecuciones, prorrogables por otros tres, y mientras dura no hay que solicitar el concurso.

Cuando el negocio funciona pero la deuda, tal como está, no se puede pagar. El plan cambia plazos, importes o la estructura del pasivo y, si el juez lo homologa, obliga también a los acreedores que votaron en contra, siempre que se cumplan las mayorías por clases.

Si ha tenido de media menos de diez trabajadores el último año y su volumen de negocio anual es inferior a setecientos mil euros o su pasivo inferior a trescientos cincuenta mil, según las últimas cuentas cerradas. En ese caso su cauce es el procedimiento especial, no el concurso ordinario.

Las últimas cuentas y un balance reciente, la lista de acreedores con importes y vencimientos, los certificados de deuda con Hacienda y la Seguridad Social, los préstamos y avales firmados y cualquier embargo, demanda o requerimiento recibido, con su fecha.

Sí. Muchos concursos se declaran con continuidad de la actividad. Lo que cambia es que la administración concursal autoriza las decisiones del administrador o las toma en su lugar, según lo que acuerde el juez.

El concurso de la sociedad no libera al avalista: el acreedor puede reclamarle a usted. Si no puede pagar, esa deuda es suya y puede entrar en su propia exoneración del pasivo insatisfecho, la segunda oportunidad.

Depende de la vía. Con plan de pagos no se liquida el patrimonio, y la vivienda se puede conservar si se pueden seguir atendiendo sus cuotas. Con liquidación, se vende. Es lo primero que estudiamos con los números delante.

Entre otras, las de alimentos, las multas y sanciones que la ley excluye y la parte del crédito público que supera el límite legal. El resto de lo que quede sin pagar, en general, sí se puede cancelar.

Comunicar su crédito a la administración concursal, con sus documentos, en el plazo de un mes desde que la declaración de concurso se publica en el Boletín Oficial del Estado. Si llega tarde, el crédito puede quedar subordinado y cobrar el último.

Sí. En el concurso necesario, por regla general, se suspenden las facultades del deudor y la administración concursal pasa a gestionar sus bienes. Además, el deudor llega sin haber preparado nada.

Con el balance y la deuda delante cerramos por escrito el presupuesto del despacho, con las partidas separadas. La administración concursal, cuando la hay, cobra según un arancel reglado que no elige el deudor.

No poder cumplir con regularidad las obligaciones exigibles. No es lo mismo que tener pérdidas ni que tener más deudas que activos: una empresa con patrimonio puede ser insolvente si no tiene liquidez para pagar a su vencimiento, y una con pérdidas puede no serlo si paga. La ley mira si se paga, no cuánto se tiene.

Cuando deja de poder pagar con regularidad, y la ley presume que el administrador lo supo cuando se dieron hechos como el sobreseimiento general de pagos, embargos que afectan al patrimonio de forma general o el impago de cotizaciones, impuestos o salarios durante tres meses. Desde ahí hay dos meses para pedir el concurso.

Es la situación de la empresa que, sin estar aún en insolvencia, prevé que en los dos años siguientes no podrá cumplir sus obligaciones si no cambia algo. Es el presupuesto para negociar un plan de reestructuración y comunicar al juzgado la apertura de negociaciones, antes de que la insolvencia sea actual.

No son términos de la Ley Concursal, pero se usan: insolvencia de hecho es la situación real de no poder pagar, exista o no procedimiento; de derecho, la que ha declarado un juez al abrir el concurso. La obligación de pedir el concurso nace con la primera, y el plazo de dos meses cuenta desde que se conoció o debió conocer.

Cuando la empresa no puede pagar con regularidad, aunque siga facturando. Seguir abierta no es razón para esperar: el concurso permite continuar la actividad, y presentarlo a tiempo es lo que protege al administrador. Lo que no cabe es seguir operando acumulando deuda nueva que se sabe que no se va a pagar.

El aval no se extingue con el concurso de la sociedad. El acreedor cobra del concurso lo que le corresponda y reclama el resto al avalista, que responde con su patrimonio. Si el avalista no puede pagar, tiene su propia vía: el concurso de persona física con exoneración del pasivo insatisfecho, la segunda oportunidad.

No. Un impago aislado no es insolvencia. La hay cuando los impagos son generales o se prevé que lo van a ser, y es entonces cuando empieza el plazo de dos meses. Antes de ese punto, con insolvencia probable o inminente, lo que cabe es negociar un plan de reestructuración o comunicar la apertura de negociaciones.

El voluntario lo pide el propio deudor y el necesario lo pide un acreedor. En el voluntario el deudor suele conservar la gestión, intervenida por la administración concursal; en el necesario lo habitual es que la pierda. Llegar al necesario suele significar que se dejó pasar el plazo, y eso pesa después en la calificación.

No. La insolvencia es la situación económica: no poder pagar con regularidad. El concurso es el procedimiento judicial que la ley prevé para tratarla. Se puede estar en insolvencia sin concurso, que es la situación de riesgo para el administrador, y el concurso se declara precisamente porque hay insolvencia.